Puerto Rico y la catástrofe capitalista: manifiesto ecosocialista

Como se sabe, el cambio climático es producto del calentamiento global. El calentamiento global es resultado de la acentuación del efecto invernadero como consecuencia de la acumulación de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases en la atmósfera. Ese aumento de CO₂ en la atmósfera se debe, sobre todo, al incremento de la quema de combustibles fósiles —el carbón, el petróleo y el gas— a partir del inicio de la revolución industrial.

Los efectos de ese aumento ya se palpan y no dejarán de acentuarse. Entre esos efectos se encuentran: olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas (con consecuencias letales para muchas personas); retirada o desaparición de glaciares que proveen agua para millones de personas; la aceleración de la transformación de regiones en desiertos; la desintegración de las capas de hielo polares y en Groenlandia y la consecuente elevación del nivel del mar, con la resultante amenaza a vastas zonas costeras en todos los continentes; cambios en los patrones de precipitación, en el comportamiento de las corrientes marinas y, por tanto, en las temporadas de lluvia o monzones que impactarán negativamente la pesca y los rendimientos de la agricultura; la intensificación y mayor frecuencia de eventos extremos como sequías, inundaciones, tifones y huracanes; la alteración de los vectores de enfermedades (mayor alcance de mosquitos en zonas más altas o regiones más templadas, por ejemplo) y la aceleración de la extinción de especies, es decir, una grave pérdida de biodiversidad; la alteración de la relación de distintas especies, obligadas a emigrar y entrar en contacto unas con otras y con seres humanos, que propicia el surgimiento de nuevas pandemias.

Estos procesos amenazan con desatar un movimiento que se alimente a sí mismo: la pérdida de hielo polar, por ejemplo, reduce el reflejo de luz solar hacia el espacio, lo cual acelera el calentamiento que, a su vez, acelera la pérdida de hielo polar. Este conduce a cam- bios irreversibles que harán la vida en el planeta cada vez más pobre y difícil. Como señala en Puerto Rico el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático: "El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud planetaria. Hay una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos."

Para enfrentar esta situación, es urgente reducir las emisiones globales de CO₂. Entre otras medidas, esto requiere: la transición acelerada a fuentes de energía renovable, como el sol, el viento y el agua; la protección y extensión de bosques que retiran el carbono de la atmósfera; una radical reducción de la dependencia en el automóvil privado, remplazándolo con transporte colectivo; la reconstrucción planificada de las ciudades que incluya la sustitución del desarrollo desparramado (dependiente del automóvil), por asentamientos densos con vecindarios, comercios, servicios (escuelas, clínicas, tiendas, colmados) y centros de trabajo conectados por transporte colectivo y por carriles para bicicletas y rutas peatonales; la adaptación de las viviendas y otras instalaciones para el mejor uso de energía (ventilación, calefacción, utilización de energía solar, etc.); la adopción de la agricultura ecológica que reduzca emisiones, aumente la captura de carbono y garantice la seguridad alimentaria de cada país; la elaboración de productos más duraderos, diseñados para que puedan repararse fácilmente y reducir la producción de productos desechables, es decir, remplazar la obsolescencia programada con la durabilidad programada; la mayor reducción posible de la distancia (y la necesidad de transporte) entre la producción y el consumo, lo que se conoce como relocalizar la producción. Es decir, se requiere una profunda alteración de la división mundial del trabajo existente.

Esa división internacional del trabajo, impuesta por las economías desarrolladas, especializó a los países subordinados en la producción para la exportación y fomentó actividades ecológicamente destructivas (como el monocultivo y la deforestación, entre otras). Al igual que en el mundo desarrollado, un programa climático para estos países requiere una transición rápida a energías renovables; el cese de la deforestación y de la extracción de petróleo y gas; la localización de la producción, es decir, reducción de la producción para la exportación y disminución de la dependencia en las importaciones, lo que implica el aumento de la producción de alimentos para el mercado interno.

Sin embargo, en la actualidad la deuda de los países en desarrollo los obliga exportar para obtener las divisas necesarias para pagarla. Por otro lado, las reglas de la Organización Mundial del Comercio prohíben cualquier intento de favorecer a los productores locales por considerarlo como violaciones de los principios del libre comercio. Tampoco se puede esperar que emprendan tal transición con su limitada base financiera y su débil base tecnológica.

Por tanto, un programa climático global debe incluir la cancelación de esa deuda y el reconocimiento del derecho de los países en desarrollo a proteger la producción para el mercado interno, así como una transferencia masiva de recursos de los países desarrollados.

Los gobiernos han sido incapaces de atender la crisis climática. Aunque el tema se discutía desde mucho antes, en 1988 la presentación sobre el cambio climático ante el Congreso de Estados Unidos de James Hansen, entonces director del Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA, marcó el inicio de la cada vez más difundida preocupación por el tema. En 1988 también se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que desde entonces ha monitoreado el problema. En 1992, la 2nda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) en Río de Janeiro señaló la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 1997 se adoptó el protocolo de Kioto y en 2015 el más ambicioso acuerdo de París para reducir las emisiones. Los jefes de gobierno y del mundo empresarial repiten y reiteran su compromiso con la agenda climática. Pero no pasa nada.

Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero no solo no se reducen, sino que siguen aumentando. La concentración de CO₂ o equivalentes en la atmósfera es hoy más alta que cuando se empezó a señalar la necesidad de reducirla o de, al menos, detener su crecimiento. Un dato lo resume todo: en 1992 el 80% de la energía utilizada globalmente provenía de combustibles fósiles. Hoy la cifra es 84%. Hemos perdido tres décadas.

¿A qué se debe la incapacidad de los gobiernos para atender las advertencias de la ciencia?

Parte de la respuesta se encuentra en el poder económico y, por tanto, político y mediático de lo que se ha llamado el capitalismo fósil: las grandes empresas, privadas y públicas, productoras y distribuidoras de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), la industria automotriz y todas las empresas conectadas con ellas financiera o industrialmente (los neumáticos, la construcción de carreteras, el transporte marítimo). Esta es la concentración de capital más grande que jamás haya existido y ha hecho todo lo posible por bloquear, y cuando eso ya no fue posible, por enlentecer y limitar toda acción radical para reducir el consumo de combustibles fósiles. Esa reducción implicaría una desvalorización masiva de sus capitales, que están invertidos en instalaciones que producen, transportan y venden combustibles fósiles.

Se calcula que el 80% de las reservas conocidas de petróleo no deben quemarse. Pero las empresas dueñas de esas reservas tienen toda la intención de quemarlas. Y las van a quemar, si lo permitimos: sus ganancias les interesan más que el futuro del planeta.

Pero la raíz del problema es más profunda que el interés y el poder del capitalismo fósil. Se trata de la naturaleza misma del capitalismo, cuyo lado destructivo va más allá de la crisis climática.

El capitalismo se caracteriza por la actividad de empresas que compiten en el mercado. Para sobrevivir deben asegurar sus ganancias a corto plazo. Sometidas a tales reglas, las empresas apenas pueden ver más allá del próximo informe anual; carecen de la visión amplia, a largo plazo, requerida para considerar el impacto ambiental de su actividad, o el equilibrio o los límites de los distintos ecosistemas. El cambio climático es una amenaza: pero los bosques se seguirán talando, siempre que hacerlo genere ganancia. Así funciona una economía regida por la búsqueda de la ganancia privada a corto plazo.

Pero hay más: para sobrevivir, las empresas están obligadas a reducir costos y así ofrecer precios atractivos y proteger y aumentar sus ganancias. La innovación para producir más a menor costo y la reinversión para alimentar ese proceso definen a esta forma de producción. El capitalismo es, por tanto, un sistema inclinado a la expansión incesante de la producción.

El capitalismo actúa como si el planeta fuera infinito. Lo usa como si fuera fuente infinita de recursos y depósito infinito de desperdicios. Con una tasa de crecimiento de 3% anual, la producción se duplica cada 24 años. Pero el planeta es finito. Vivimos en un planeta con extensión y recursos limitados y en una biosfera que depende de delicados balances. El capitalismo no es capaz de tomar en cuenta esos límites ni de respetar esos balances.

Ni siquiera la energía renovable permite aumentar la producción ilimitadamente. Lo mismo aplica a otras respuestas al cambio climático que dejan en pie esta tendencia del capitalismo al crecimiento descontrolado. Se plantea la sustitución del motor de combustión interna con el automóvil eléctrico. Pero el automóvil eléctrico también exige materiales que están limitados. Pero esa, y no el transporte colectivo, será la primera y preferida opción de las empresas automotrices.

Sencillamente, un sistema en que los capitales privados se obligan mutuamente al constante aumento de la producción y a la búsqueda de la mayor ganancia a corto plazo no es capaz —y nunca será capaz— de relacionarse con el entorno natural de manera responsable. Ese uso y relación responsables suponen una visión social y no privada; integrada y no fragmentada; atenta al largo y no al corto plazo; comprometida con el contenido material del desarrollo y sus impactos y no solo con el aumento cuantitativo del ingreso. Pero la perspectiva del capital es necesariamente privada, fragmentada, a corto plazo y se centra unilateralmente en la ganancia.

Cuando se plantean medidas de protección ambiental (como la prohibición de plásticos de un solo uso) siempre escuchamos el planteamiento de que hay que balancear la protección del ambiente con el desarrollo económico. Esto en realidad quiere decir que se puede proteger el ambiente siempre y cuando no afecte la acumulación capitalista, es decir, las ganancias. Por eso se habla mucho y se toman algunas medidas ambientales, pero la destrucción ambiental, incluyendo la crisis climática, sigue avanzando.

Así funciona el capitalismo, y los gobiernos están al servicio de ese funcionamiento. Además de los fondos privados en las elecciones, del cabildeo empresarial en la legislatura y de la captura de las agencias reguladoras por las empresas que se supone que regulen, está el poder de chantaje de los dueños de la economía: mientras más afecte sus privilegios una medida o política, más contundentemente responden con la amenaza de desinversión y la fuga de capitales. En Puerto Rico, a menudo escuchamos la objeción: "¡eso ahuyentará la inversión!", "¡eso hará que el capital foráneo se vaya!". Así se impone la dictadura del capital.

En la actualidad se habla mucho de resiliencia. Aquí también debemos andar con cautela. Sin duda tenemos que estar listos para desastres repentimos o duraderos (huracanes, inundaciones, ascenso del nivel del mar, sequías, nuevas pandemias, etc.). Pero también se pretende que aceptemos esos desastres como una fatalidad y que dejemos de determinar cuáles son sus causas. El capitalismo quiere que nos acostumbremos y adaptemos a sus desastres. Como ha señalado un estudioso del tema, las películas postapocalípticas ayudan a normalizar el desastre, según nos permiten vivirlo virtualmente y por adelantado, especie de catarsis que nos acostumbra a seguir con la vida "normal" hacía mayores desastres.

Durante las últimas décadas, para beneficio del capital global, las agencias capitalistas internacionales han insistido en imponer las políticas que impiden que los países menos desarrollados puedan tomar acción efectiva contra el cambio climático, como la insistencia en el pago de deudas insostenibles y el bloqueo de políticas de desarrollo autónomo.

Más que evitar, el capitalismo intenta aprovechar los desastres. La descongelación del Mar Ártico va a acelerar la crisis climática, pero ya hay estados y empresas estudiando cómo esto puede beneficiar el comercio mundial. Los capitales en competencia no pueden comportarse de ninguna otra manera: esta es la naturaleza del sistema capitalista.

Por supuesto, la destrucción ambiental no es la única consecuencia objetable del capitalismo. La necesidad de reducir costos y aumentar ganancias que le conduce a sacrificar el ambiente también le impulsa a intensificar la explotación del trabajo (alargar la jornada laboral, reducir salarios y beneficios, acelerar el ritmo de trabajo, reducir los periodos de descanso, entre otras acciones). En manos del capital, la maquinaria y la tecnología, en lugar de hacer más segura la vida y de aligerar el trabajo de las personas asalariadas, se convierten en un enemigo que amenaza con desplazarlas y que se usa para intensificar su trabajo. Los capitales, buscando aumentar sus ganancias, también han exigido y logrado la reducción de los impuestos que pagan. De eso modo han reducido la capacidad del estado para financiar servicios e infraestructura necesaria para la reproducción social. Si los estados se endeudan, entonces la deuda se usa para imponerles políticas de reducción del gasto público.

El capital siempre ha dependido, no solo del trabajo asalariado en fábricas, talleres, campos y oficinas, sino también del trabajo de cuidado y reproducción social, que se realiza mayormente sin paga en los hogares y por mujeres. Pero las familias tienen recursos limitados y muchas mujeres trabajan fuera del hogar, porque necesitan ese ingreso para sobrevivir. ¿Quién cuida entonces de los infantes, las personas adultas mayores, enfermas o con necesidades especiales? Sabemos que, en Puerto Rico, a los niños y niñas a menudo los cuidan los abuelos y abuelas. ¿Pero quién cuida a los abuelos y abuelas? Se trata de lo que se conoce como la crisis de los cuidados, también provocada por la renuencia del capitalismo a proveer servicios de cuido adecuado, lo cual reduciría sus ganancias. Lo mismo aplica a buena parte de los bienes comunes, desde puentes y parques hasta un sistema de salud coherente y eficiente.

En fin, la sociedad capitalista necesita la naturaleza, pero la destruye; depende del trabajo de cuidado de las personas, pero lo desestabiliza y precariza; necesita infraestructura adecuada, pero permite que se deteriore, al negarle los recursos para darle el mantenimiento requerido.

El capitalismo, regido por la búsqueda de la ganancia privada, es incompatible hasta con la más limitada definición de sostenibilidad, como la conocida fórmula del informe "Nuestro futuro común" (Informe Brundtland) de 1987: "[e]l desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas". El capitalismo falla tanto al presente como al futuro: no puede satisfacer adecuadamente las necesidades de la mayoría en el presente a la vez que socava la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las suyas.

Malignamente, las consecuencias del capitalismo se manipulan para construir las versiones más represivas de ese sistema: se culpa del desempleo, los bajos salarios, el deterioro de servicios, la ejecución de hipotecas, la pérdida de ahorros de toda una vida, no al sistema que los produce, sino a los inmigrantes, a otros países y culturas, a los programas de asistencia a los pobres, al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTQ, etc. Así se consolidan movimientos antiobreros y antidemocráticos (como el de Donald Trump) con el cemento del racismo, la xenofobia y otras políticas de odio. En Puerto Rico ya tenemos sucursales de esta internacional del odio.

El ecosocialismo combina dos objetivos: garantizar las condiciones materiales para una vida plena a todos los seres humanos a la vez que se repara la relación de la humanidad con su entorno natural. Ni uno ni otro puede lograrse mientras las fuentes más importantes de riqueza sean propiedad de una minoría y estén sometidas a las reglas del mercado capitalista, regido por la búsqueda de la ganancia privada a corto plazo. Esas fuentes tienen que convertirse en propiedad social para que su uso pueda ser planificado y organizado democráticamente.

Para funcionar adecuadamente, una democracia ecosocialista debe incluir la libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, la elección y revocabilidad de los funcionarios públicos, sin los cuales el pueblo no puede gobernarse a sí mismo. Los planes y prioridades de desarrollo de la producción, el transporte, la energía, la vivienda podrán y deberán debatirse abiertamente. Luego de adoptarse estarán sujetos a debate y revisión. La dirección de la economía ya no será determinada por una minoría sino por la sociedad a través de sus órganos democráticos de autogobierno. Los desarrollos de la informática, del Internet, de la inteligencia artificial hacen hoy más factible una planificación democrática. Tan solo de este modo se puede lograr la "planificación participativa" propuesta por el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Tal planificación no es posible bajo las reglas de la propiedad y el mercado capitalistas.

Será objetivo prioritario asegurar a todo el mundo, sin excepción, agua y alimento suficiente y saludable; vestido, calzado y vivienda; educación y servicios de salud; transporte y conexión; tiempo y espacio para el esparcimiento y el descanso; cuido en la niñez o la edad avanzada y la posibilidad de contribuir con su trabajo, según sus capacidades, a la producción de los bienes y servicios necesarios para garantizar todo esto. A diferencia del capitalismo, el objetivo ya no será, y sabemos que en un planeta finito no puede ser, la producción y consumo de un número cada vez más grande de mercancías. Una vez se aseguran estos elementos materiales de una vida plena, la mayor riqueza será la mayor reducción posible de la jornada de trabajo, es decir, la creación de tiempo libre. Tiempo libre es el tiempo disponible para realización de las actividades escogidas voluntariamente, según los intereses, inclinaciones y gustos de cada persona. El objetivo no será consumir cada vez más, sino lo suficiente, y trabajar cada vez menos. Es lo que necesitamos tanto vital como ecológicamente. Liberada de los imperativos de la competitividad capitalista, de la carrera incesante detrás del dólar, esta vida con menos trabajo y más tiempo libre seguramente tendrá un ritmo más lento, con menos estrés y menos prisa: habrá tiempo y ocasión para disfrutarla plenamente. Nada pudiera estar más lejos de la lógica del capitalismo, que condena a muchas personas al desempleo a la vez que impone exceso de trabajo a las empleadas.

La democracia podrá y deberá entrar igualmente en las empresas y oficinas: la dictadura del patrono o su representante, la división del trabajo impuesta, que muchas veces frustra la creatividad y el potencial de los trabajadores, debe ser remplazada por la autogestión, es decir, por la participación de trabajadores y trabajadoras en la organización de sus labores. Trabajaremos menos, y trabajaremos de manera distinta.

"Puede ocurrir que las revoluciones sean... el freno de emergencia".
—Walter Benjamin

El reto más grande de una democracia socialista será atender la agenda climática que nos impone el desastre legado por el capitalismo. Es necesaria la transición acelerada a la energía renovable, al transporte colectivo y las demás acciones que hemos esbozado. Pero es cada vez más evidente que esta transición no logrará la reducción necesaria de gases de efecto invernadero si no se acompaña de una reducción del consumo final de energía y, por tanto, una reducción de la producción material y el transporte. En otras palabras, también el socialismo tiene que ajustarse a la realidad del cambio climático.

Pregunta legítima: ¿será posible combinar los dos objetivos del ecosocialismo, dada la necesaria reducción en la producción y el transporte? ¿Será posible proveer los elementos para una vida plena a todas las personas y a la vez evitar un mayor desastre climático? La respuesta es afirmativa, aunque dejará de serlo si no actuamos a tiempo.

La oportunidad reside en la realidad de que el capitalismo derrocha recursos masivamente y distribuye la riqueza de forma brutalmente desigual. Baste mencionar la monumental producción de armamentos y el gasto militar, el empaque y publicidad innecesarios, la gran cantidad de productos desechables (como plásticos de un solo uso) y prescindibles.

Piénsese en los recursos que se emplean, no para fabricar productos, sino para convencernos que los compremos. Tómense como ejemplo los recursos empleados en producir las decoraciones para celebraciones cada año, como Halloween, el Día de Acción de Gracias, Navidades y tantos otros, que van directamente al vertedero pocos días después de haberse comprado. Según explica el Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático, "un producto que se exporta del puerto de Shanghái, China, a San Juan recorre una distancia de cerca de 22,200 millas en barco hasta Long Beach, California, 2,400 millas adicionales para llevarlo en camión al puerto de Jacksonville, Florida, y finalmente 1,400 millas en barco para llegar a San Juan—todo ese recorrido usando combustibles fósiles". Y muchas veces lo que se transportan son productos de pobrísima calidad y perfectamente prescindibles, sobre todo si tienen un costo ambiental tan oneroso. Toda esta producción y transporte puede reducirse o eliminarse.

Por otro lado, el 10% más rico genera la mayor parte de las emisiones y usa la mayor parte de los recursos del planeta. Combinada con la reducción del malgasto, una radical y justa redistribución de la riqueza permitiría a todos y todas vivir una vida plena sin aumentar la producción total.

Pero no hay duda de que el camino para lograr esto es estrecho y se hará más estrecho mientras más tiempo se espere para tomar acción. Será necesaria un planificación justa y cuidadosa que permita ampliar sectores que deben crecer (servicios médicos, escuelas, agua potable, vivienda, etc., en muchos países) y otros que deben decrecer o desaparecer. Si algo está claro es que el capitalismo no puede realizar, de hecho, ni siquiera se plantea, la necesidad de esta transformación.

Estudios recientes demuestran que sería posible asegurar los elementos para una vida digna a 8.5 mil millones de personas con entre 30 y 44 por ciento de la energía y 29 a 42 por ciento de los materiales que hoy se emplean en la producción global, siempre y cuando se planifique para aumentar la producción de esos elementos. Es decir, hay margen para asegurar una vida digna a toda la humanidad a la vez que se reducen la jornada laboral y el gasto de energía y materiales, pero esto depende de que se remplace el ciego crecimiento capitalista con la planificación centrada en satisfacción de las necesidades humanas.

Esto no implica un "regreso a la naturaleza" en un sentido caricaturesco o a la vida primitiva, como a veces se piensa. Sigue siendo deseable maquinizar tareas desagradables, peligrosas y repetitivas. La innovación tecnológica seguirá siendo clave en muchos terrenos. Tampoco implica renunciar al progreso que la modernidad ha implicado en términos de libertades individuales, particularmente de las mujeres, ante los dictados de la comunidad y la familia. No se trata de un regreso a la vida tradicional. Pero en la actualidad, la única manera de preservar cualquier progreso que la sociedad capitalista haya provocado es superar el capitalismo.

Tampoco se busca ni propone una cultura uniforme y gris. Al contrario, con el disfrute de las libertades democráticas, con la garantía de los medios materiales para una vida sana y con la disponibilidad de tiempo libre, cada persona tendrá más ocasión que en el capitalismo para explorar sus intereses y habilidades. Como escribía Nemesio Canales en 1919: "Socializar no quiere decir igualar, nivelar... la maravillosa riqueza de tonalidades... de individuo a individuo. Al contrario, quiere decir liberación, emancipación del hombre de las cadenas económicas que hoy lo atan, para que pueda llevar al máximum la expresión de su personalidad. Y claro que, a mayor expresión de la personalidad, mayor diversidad, mayor riqueza de tono y matices".

En Puerto Rico, el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático ha propuesto "desarrollar una investigación de los aspectos aspiracionales de la sociedad puertorriqueña... Es decir, cuáles son ... sus valores y aspiraciones de lo que es una vida digna, placentera y no basada en una economía de mercado". Pues bien, en Puerto Rico y en todo el mundo, la única posibilidad de una vida digna y placentera depende de que pongamos la economía bajo control democrático, liberándola de las reglas del mercado capitalista.

Los defensores del capitalismo afirman que la mayoría de las personas aprecian su libertad y propiedad y quisieran "emprender" por su cuenta. Y el capitalismo, según ellos, tiene como fundamento la propiedad privada, la libertad y la posibilidad de "emprender" Así se presentan como defensores de la "libertad económica". Pero esto nada tiene que ver con la realidad. El capitalismo depende de que la gran mayoría de las personas no sean propietarias de empresas ni del dinero para adquirirlas; depende la expropiación de la mayoría, que de ese modo se ve obligada a trabajar por un salario para la minoría dueña de las fuentes de riqueza. Y en esa relación entre patrono y asalariados, la libertad queda bastante mal parada. ¿Quién decide si se contrata o no a una persona? ¿Quién decide si se despide a alguien? ¿Quién manda en el proceso de producción y en el taller? ¿Quién decide si abre o cierra una fábrica o una empresa en determinado lugar? ¿El trabajador o trabajadora? ¿La comunidad afectada por esa decisión? En cada caso, la "libertad económica" del propietario se despliega a costa de la libertad del individuo y la comunidad. Lo que estos abogados del capitalismo defienden no es la propiedad y la libertad económica, es la propiedad y la libertad de unos pocos, a costa de la expropiación y la subordinación de la mayoría.

Por supuesto, de mil maneras nos seducen con el sueño de que, ahorrando un poco, esforzándonos un poco más, todos llegaremos a ser exitosos empresarios. ¿Y por qué logran seducirnos con este sueño? Precisamente porque esa aspiración no es otra cosa que la aspiración que tenemos de liberarnos de la tiranía del patrono, el deseo que tenemos de eso que el capitalismo nos niega: el deseo de ser dueños de nuestras vidas, el deseo de ser, como a menudo se dice "nuestro propio jefe"

Bajo el capitalismo, para la gran mayoría desposeída y asalariada esa aspiración es irrealizable. El ecosocialismo, lejos de rechazar esa aspiración, es la única forma de realizarla: podemos ser todos y todas jefes de nosotros mismos, pasar de desposeídos a propietarios, si convertimos las empresas en propiedad social, en propiedad de todos y todas, y las administramos, como sus dueños, para asegurar nuestro bienestar.

Se dice que el capitalismo defiende la propiedad y que el socialismo viene a quitarla. Es al revés: el capitalismo es quien ha expropiado a la gran mayoría de la población; el socialismo es el medio para que dejemos de ser desposeídos, subordinados a una minoría. Rafel López Landrón, uno de los pioneros del pensamiento socialista en Puerto Rico, lo planteaba en 1913. Usando el término trust, que en aquella época se refería a las más grandes asociaciones de empresas capitalistas, escribía: "En vez de los trusts privados que organizan la riqueza con mira a la conquista comercial..., necesitamos un solo trust, el trust perfecto... el trust de todos para todos, el trust del pueblo, en que todos seamos gobernantes y gobernados, patronos y obreros de nosotros mismos, funcionarios al servicio común del país".

Plantearán algunos que nuestra perspectiva no es realista. Al contrario: nada más alejado de la realidad que pensar que el capitalismo es capaz de atender los retos ambientales que él mismo genera. Así lo reconocen, a su manera, los más intransigentes defensores del capitalismo. Los adoradores del mercado y la competencia se oponen a toda intervención del estado para reglamentar, limitar o planificar la actividad económica. Su consigna es la desreglamentación, la privatización y la libertad del capital para producir y vender lo que desee, donde desee y como desee, siempre que resulte rentable. Pero atender el cambio climático exige ampliar el sector público, planificar la producción y las ciudades y relocalizar la producción, reglamentar, reducir o eliminar ciertas actividades de acuerdo con objetivos fijados colectivamente.

Para los defensores del capitalismo, reconocer el cambio climático sería reconocer la necesidad de todo lo que detestan. Por eso niegan la realidad del cambio climático. Entre proteger el ambiente o el capitalismo, prefieren tratar de salvar el capitalismo. Por eso describen el cambio climático como un invento del pensamiento woke o como un "caballo de Troya" para introducir ideas socialistas. Y tienen razón, en cierto sentido: una vez se entienden las causas y la magnitud del problema climático, no hay más remedio que sacar conclusiones anticapitalistas, siempre que se ponga a la humanidad y al ambiente del cual depende por encima de las ganancias de unos pocos.

Algunas dirán que nuestro análisis lleva a conclusiones pesimistas, pues el derrocamiento del capitalismo no parece estar cerca. No somos pesimistas, somos realistas, aunque la realidad plantee grandes retos.

Existe, sin duda, una contradicción real entre la necesidad objetiva del cambio radical y el hecho de que la mayor parte de la gente en la actualidad no está consciente de la necesidad de ese cambio ni está organizada para lograrlo. Es tarea de las y los ecosocialistas trabajar para cerrar esa brecha entre la necesidad objetiva y la conciencia. De que esto se logre depende el futuro de la humanidad.

Además, que la superación del capitalismo no esté a la orden del día no implica que nada pueda hacerse. Es mucho lo que incluso ahora podemos arrancar al sistema, en términos de protección del ambiente. Y cada pequeña conquista, aunque insuficiente, permite limitar la destrucción y ganar tiempo para los cambios necesarios. Y es a través de esas luchas inmediatas que más gente puede llegar a entender la necesidad de cambios más profundos y de organizarse para realizarlos. Esas luchas ya están en curso y son nuestro punto de partida para construir el proyecto ecosocialista que necesitamos.

Pero, antes de abundar en esto, es hora de aterrizar en Puerto Rico.

Puerto Rico enfrenta los efectos, no solo del capitalismo, sino del capitalismo colonial. Cuando hablamos de colonialismo por lo general pensamos en la subordinación política a Estados Unidos. Pero el colonialismo también tiene una dimensión económica, que, a su vez, tiene consecuencias ecológicas.

Desde principios del siglo XX el capitalismo colonial ha exhibido varias constantes que pueden resumirse como sigue: Primero, desde 1900 la economía de Puerto Rico ha sido moldeada por los vaivenes del capital estadounidense. Las corporaciones estadounidenses han sido propietarias de los principales sectores de su economía. Tal fue el caso antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción de azúcar era la principal industria, durante la expansión de la manufactura ligera desde la década de 1940 hasta la década de 1970 y durante el período siguiente, caracterizado por la manufactura con alta inversión en capital (productos farmacéuticos, por ejemplo).

En segundo lugar, bajo el control del capital externo, la evolución económica de Puerto Rico ha sido desequilibrada y unilateral (antes de 1950, monocultivo sin industria; después de eso, industria fragmentada sin agricultura); marcada por la discontinuidad (se fomenta la especialización en una actividad, que luego será abandonada para fomentar la especialización en otra actividad) y la vulnerabilidad a los cambios externos en los sectores de especialización (azúcar, petroquímica, farmacéutica). Después de 1950, esto incluyó la destrucción de la agricultura.

Otra consecuencia de la dominación de la economía de Puerto Rico por el capital estadounidense ha sido la salida de una parte significativa de los ingresos generados en Puerto Rico. En la actualidad, se estima que alrededor de $35 mil millones salen de la isla cada año, en forma de dividendos y otros pagos. Esto es alrededor del 35% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. Esta cifra incluye tanto las ganancias generadas en Puerto Rico como las declaradas en Puerto Rico para fines de evasión fiscal.

En otras palabras, este capital no se reinvierte en Puerto Rico. Lo que lleva a la cuarta característica de su economía: la economía dependiente de Puerto Rico nunca ha podido proporcionar suficiente empleo para su fuerza laboral. Incluso entre 1950 y 1964, es decir, durante el período de expansión económica de posguerra, el número de empleos disminuyó.

Esto nos lleva al quinto aspecto de la evolución económica de Puerto Rico desde 1898: dada la falta de empleo, la emigración ha sido una característica de la vida puertorriqueña. Este fue el caso en las décadas de 1910 y 1920, cuando la primera colonia puertorriqueña tomó forma en Nueva York, así como en la migración masiva de la década de 1950 y durante la contracción económica a partir de 2006. La mayoría de quienes emigraron se han incorporado a la clase trabajadora estadounidense como uno de sus sectores discriminados y sobreexplotados. Profundamente conectados y preocupados por la situación de su patria, también son parte de la clase obrera multirracial y multinacional de los Estados Unidos.

El desempleo masivo deprime los salarios, lo que profundiza la desigualdad y crea altos niveles de pobreza. Esto ayuda a explicar la sexta característica: la persistencia de la amplia brecha en los niveles de vida entre Puerto Rico y Estados Unidos. El ingreso per cápita de Puerto Rico es un tercio de la cifra de Estados Unidos. Es la mitad del ingreso per cápita del estado más pobre, Mississippi. Alrededor del 45 por ciento de las personas y el 55 por ciento de los niños en Puerto Rico viven por debajo del nivel de pobreza.

El capitalismo colonial ha tenido serias consecuencias ambientales. Podemos destacar las siguientes.

El monocultivo del azúcar en las regiones costeras (con los efectos bien conocidos de tales formas unilaterales de cultivo) fue reemplazado por la industrialización fragmentada y la marginación de la agricultura. Ambas excluyeron una agricultura diversificada y la producción de alimentos para el mercado interno. Ambas también han conllevado una gran dependencia de las importaciones de alimentos, con la consiguiente dependencia del transporte marítimo de larga distancia. Hoy día Puerto Rico importa más del 85% de sus alimentos.

El proceso de industrialización parcial durante el auge de la posguerra profundizó el impacto ecológico del subdesarrollo colonial. La energía hidroeléctrica fue reemplazada por la quema de petróleo. Los sistemas ferroviarios y de tranvías fueron desmantelados para ser reemplazados por una dependencia absoluta del automóvil. La expansión suburbana destruyó las tierras agrícolas y la vida en los centros urbanos. La construcción de carreteras fragmentó el paisaje, mutiló el hábitat de muchas especies, aumentó la erosión y aceleró la sedimentación de los ríos. Se adoptaron los patrones de consumo estadounidenses, con un componente considerable de empaque y elementos desechables, lo que ha generado una enorme cantidad de desperdicios y lleva a la actual crisis en el manejo de la basura y los vertederos. En la actualidad, muchas comunidades viven rodeadas de vertederos clandestinos o de acumulaciones de chatarra y desechos. La falta de reglamentación y la implementación negligente llevaron a la urbanización indiscriminada las zonas costeras, generando una erosión que ha alcanzado proporciones críticas en algunas áreas. Las plantas eléctricas que queman petróleo y carbón, las industrias de procesamiento de alimentos, las fábricas de cemento, las refinerías, las instalaciones petroquímicas y los petroleros que les sirven contaminaron el aire, el agua y el suelo en la isla y todos sus alrededores.

Según la ola inicial de inversiones en manufactura ligera flaqueó, a mediados de la década de 1960 los planificadores gubernamentales adoptaron un programa centrado en el petróleo: la isla se convertiría en un centro de refinación de petróleo, de la industria petroquímica y operaciones relacionadas, incluidas las instalaciones portuarias para los petroleros y otros buques necesarios para tales actividades. Afortunadamente, y en gran parte gracias a la oposición generalizada, Puerto Rico no se transformó en la petro-isla prevista por algunos. Pero se construyeron suficientes operaciones relacionadas con el petróleo para infligir daños significativos en la isla, como parte del ataque de la industria de los combustibles fósiles al planeta.

En años recientes, una parte significativa de la industria turística ha dependido de las operaciones de cruceros, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, por mencionar solo una de sus terribles consecuencias ecológicas. Para completar este sombrío récord, después de que el monocultivo de azúcar fue reemplazado por el abandono de la agricultura, en los últimos años Puerto Rico se ha convertido en la sede de experimentos y pruebas realizadas por Monsanto, cuyos fertilizantes químicos, pesticidas y cultivos genéticamente modificados son lo opuesto a la agricultura ecológica que el mundo necesita.

El cambio climático plantea problemas severos para Puerto Rico: aumento de la temperatura promedio; la mayor frecuencia, duración e intensidad de olas de calor, sequías y de eventos de lluvias fuertes (con inundaciones más graves); el aumento de sargazo en las costas; la elevación del nivel del mar con la consecuente pérdida de playas y costas, la intrusión de agua salada en acuíferos y la merma del agua dulce disponible, la amenaza a importantes piezas de infraestructura (como el aeropuerto internacional); mayor frecuencia de huracanes, con sus consecuencias; agravamiento de las mareas ciclónicas; el aumento del polvo del Sahara que llega a nuestra zona; mayor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chikunguña); intensificación de la temporada de fuegos forestales, entre otros fenómenos señalados en el reciente informe del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Estos cambios tienen y tendrán efectos en la salud, el trabajo, la agricultura y la ganadería, la infraestructura y la biodiversidad.

Un estudioso ha trabajado el término "ciudades extremas", ubicadas en las zonas costeras y en la trayectoria de los huracanes y tifones. A menudo estas ciudades se caracterizan por un crecimiento urbano no planificado, una pobreza generalizada y una infraestructura inadecuada o frágil. Son particularmente vulnerables al impacto del cambio climático. Puerto Rico entero puede describirse como una isla extrema, un diagnóstico trágicamente confirmado por el impacto humano y material de los huracanes Irma y María en 2017 y Fiona en 2022.

Puerto Rico no se ha resignado a la destrucción ambiental. La resistencia no ha sido en vano. Muy distinto sería Puerto Rico sin ella. La memoria de esas luchas es un recurso precioso para las luchas presentes y futuras.

Se inician con el exitoso movimiento contra el proyecto de minería en el centro de la isla (Lares, Utuado y Adjuntas) a mediados de la década de 1960. Continuó a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970 con la oposición a los planes de construir un "superpuerto" petrolero junto con un centro de refinación y petroquímica en la costa oeste de Puerto Rico. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, también surgieron docenas de iniciativas contra la contaminación del aire, el agua y el suelo por las operaciones de fabricación y procesamiento de alimentos (plantas de envasado y enlatado de atún, por ejemplo), instalaciones de refinación de petróleo y de la industria petroquímica, canteras, fábricas de cemento y hoteles en toda la isla. Para principio de la década de 1970, estas acciones lograron la aprobación de importante legislación de protección ambiental.

Desde la década de 1960, diferentes iniciativas han luchado para proteger las zonas costeras de la extracción de arena por parte de la industria de la construcción, la apropiación y la contaminación por operaciones turísticas y la construcción irresponsable por parte de "desarrolladores". La oposición a la destrucción de la zona costera y de manglares de Piñones en Loíza y el desplazamiento de sus comunidades por un proyecto habitacional y turístico (llamado Costa Serena por sus propulsores); la lucha contra el complejo de edificios costeros Paseo Caribe, cerca del viejo San Juan; la lucha contra la destrucción de Playuela en Aguadilla y el desplazamiento de su comunidad por un proyecto de hotel y casino (Christopher Columbus Landing Resort); la defensa de la playa de Isla Verde en Carolina contra la invasión de los hoteles; la reciente defensa de playas en Aguadilla, de la Pargue- ra y la reserva de Bahía de Jobos son ejemplos de los esfuerzos pasados y en curso para proteger las costas de la isla de acaparadores y de la búsqueda de lucro por parte del sector privado.

En el ámbito energético, los movimientos ambientalistas en Puerto Rico lucharon contra la contaminación por las plantas eléctricas que queman petróleo, a la vez que bloquearon la construcción de una planta de carbón en Mayagüez a principios de la década de 1990. Pero estos movimientos no pudieron detener la construcción de una planta privada de combustión de carbón en Guayama, que opera bajo un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica. Las cenizas tóxicas que esta planta genera hasta hace poco eran transportadas a través de la costa sur a un vertedero en Peñuelas. La lucha de las comunidades directamente afectadas contra las operaciones de la planta en Guayama ha sido una batalla ambiental clave en los últimos años. Mientras tanto, el gobierno y los intereses privados aliados han impulsado tanto el gas como la incineración de basura como fuentes de energía (y como una forma de manejo de desperdicios en el caso de la incineración). La propuesta de reemplazar la quema de petróleo y carbón con gas incluía la construcción de un gasoducto de norte a sur que hubiese destruido áreas agrícolas y forestales a través del centro de la isla. El proyecto generó una creciente oposición que condujo a protestas masivas y tuvo que ser abandonado. Por otra parte, el proyecto para construir una planta incineradora en Bareceloneta está estancado debido a las continuas protestas y demandas lideradas y promovidas por activistas comunitarios y ambientales. El proyecto Queremos Sol ha formulado un programa para una transición completa a la energía renovable para el 2050.

Desde la década de 1980, diferentes grupos se han movilizado, cabildeado, protestado e iniciado proyectos para defender las tierras agrícolas de la expansión suburbana y la construcción de carreteras, al tiempo que exigen la creación de zonas protegidas o reservas forestales y agrícolas. En los últimos años, con poco o ningún apoyo gubernamental, decenas de iniciativas han promovido la adopción de la agricultura agroecológica como un paso hacia dietas más saludables y hacia la soberanía alimentaria.

La lucha contra la ocupación de gran parte de la isla-municipio de Vieques por la Marina de Estados Unidos tuvo un componente ecológico significativo, dado el impacto ambiental de las operaciones militares. La lucha que exige la limpieza y descontaminación exhaustivas de Vieques continúa hasta nuestros días. En los últimos años, se han organizado campañas educativas y protestas anuales oponiéndose a la presencia de Monsanto en Puerto Rico. De igual forma se toman iniciativas para impulsar políticas de basura cero y de generación circular.

Estas luchas han hecho uso de numerosas tácticas: piquetes, marchas, mítines, desobediencia civil, demandas, vistas públicas legislativas, campañas educativas y proyectos locales de agricultura, energía renovable y restauración costera, entre otros. Si bien son discontinuas y poco coordinadas, estas luchas han convertido los problemas ambientales y ecológicos en un aspecto fundamental de los debates de política pública en Puerto Rico.

Pero desde hace casi dos décadas, Puerto Rico ha enfrentado no solo las limitaciones del capitalismo colonial, sino también las consecuencias de su crisis.

A partir de 1947 la estrategia política del gobierno colonial se asentó en el acceso privilegiado de Puerto Rico al mercado de Estados Unidos, los más bajos salarios bajo "la bandera americana" y la política de exención contributiva. Sin embargo, desde la década de 1990, la globalización neoliberal y las decisiones del Congreso han socavado los tres pilares de la economía colonial. Con la liberalización de los mercados, el acceso de Puerto Rico al mercado estadounidense dejó de ser excepcional. En 1996, el Congreso comenzó a eliminar gradualmente la exención de impuestos federales a las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico, proceso que culminó en 2005. La exención fiscal nunca pudo garantizar el desarrollo o el empleo. Pero el Congreso reemplazó un mecanismo inadecuado con nada.

Mientras tanto, las mismas políticas corporativas que impulsaron la liberalización del comercio internacional también incluyeron la desregulación financiera y la especulación sin restricciones. Esto llevó a la Gran Recesión de 2008. Bajo el impacto de estos procesos, la economía colonial de Puerto Rico se desaceleró, se estancó a partir de 2006 y luego comenzó a contraerse. Entre 2006 y 2020 desaparecieron más de 200 mil empleos. La emigración se aceleró. La población de Puerto Rico se redujo de 3.8 a 3.2 millones.

A medida que los ingresos del gobierno se estancaron o cayeron, las sucesivas administraciones tenían varias opciones: reconsiderar los privilegios fiscales de las corporaciones estadounidenses, imponer medidas de austeridad o emitir más deuda. En 2009 se impuso un impuesto de 4% sobre las ventas de las filiales locales a sus empresas matrices. Incluso esta medida limitada ha generado alrededor de $2 mil millones anuales o cerca del 20 por ciento de los ingresos del gobierno de Puerto Rico, testimonio de la magnitud de las ganancias generadas o declaradas en Puerto Rico. El hecho de que diez empresas paguen alrededor del 90% de este impuesto indica cuán frágil es la economía de Puerto Rico y cuán vulnerable es a las decisiones de un puñado de intereses privados.

Pero el énfasis no estaba en el aumento de los impuestos corporativos. En lugar de reconsiderar su estrategia económica, el gobierno implementó medidas de austeridad mientras emitía más deuda. La deuda pública (del gobierno central y las corporaciones públicas) creció un 64 % entre 2006 y 2014, de $43 a $73 mil millones. Con una economía y recaudos estancados o decrecientes, el impago era cuestión de tiempo. En 2015 el gobierno tuvo que reconocer que no podía pagar el servicio de la deuda y que está tendría que ser renegociada.

Para dirigir la renegociación de la deuda y reorganizar las finanzas del gobierno el gobierno federal impuso la Junta de Control Fiscal (JCF), una estructura antidemocrática y colonial, ni electa ni sujeta a la voluntad del pueblo.

Desde 2017, la JCF ha aplicado el libreto neoliberal, favorable al gran capital. Según ese libreto, la crisis de la deuda se debe al "gigantismo gubernamental" y la crisis económica se debe a que los trabajadores tienen demasiados derechos. La solución, por tanto, es la privatización y la reducción del gasto público (incluyendo reducir a la mitad el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico) y la eliminación de derechos laborales.

El argumento del "gigantismo" es falso: la cantidad de empleados públicos comparado con la población de Puerto Rico es igual o menor que la de muchas ju- risdicciones en y fuera de Estados Unidos. Si el empleo estatal en relación con el privado es mayor que en otros lugares, esto se debe, no al "gigantismo" del gobierno, sino al raquitismo de la economía privada que no reinvierte buena parte de sus ganancias en el país. De igual forma, los derechos laborales que hoy se objetan existieron en las épocas en que la economía de Puerto Rico creció más vigorosamente. ¿Cómo es que ahora se convierten en impedimento para el desarrollo? La Junta simplemente actúa como agente de los intereses financieros, industriales y comerciales que pretenden aumentar sus ganancias a costa de la gente trabajadora y el ambiente. A la vez, la Junta rechazó la exigencia de una auditoría ciudadana de la deuda y acordó un ajuste insuficiente, cuyo pago sigue privando al país de importantes recursos.

El director ejecutivo de la JCF ha dicho que ese organismo pretende impulsar "cambios estructurales". Al contrario, esas políticas de privatización, reducción del gasto público y eliminación de derechos laborales aumentan la dependencia en el capital foráneo y pretenden vender nuestros recursos y capacidad de trabajo lo más barato posible. Es decir, las "reformas estructurales" de la Junta lejos de cambiar las estructuras dependientes y coloniales existentes, tan solo tienen el efecto de perpetuarlas.

A partir de 2022, la actividad económica y el empleo en Puerto Rico se han recuperado gracias a la entrada masiva de fondos federales. El gobierno apuesta a que con el estímulo federal podrá pagar el ajuste de la deuda acordado sin tener que incrementar medidas de austeridad. Esta ilusión durará hasta que los efectos de una recesión global afecten a Puerto Rico. Corremos el peligro de que cuando se sequen los programas federales, sus fondos hayan pasado por el país sin que se hayan hecho los cambios estructurales (como fue el caso de los fondos ARRA durante la administración de Luis Fortuño), dejándolo ante una nueva depresión, que llevará a un nuevo impago. La ausencia de planificación en la realización de los distintos proyectos de reconstrucción también contribuye a ese resultado.